lunes, 27 de junio de 2016

¿QUÉ NOVEDADES FISCALES NOS PROPONEN LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS TRAS LAS ELECCIONES DEL 26 DE JUNIO?

http://elrincondelasesor.com/wp-content/uploads/2015/12/Fotolia_83821726_Subscription_Monthly_M.jpgConozca lo que ofrecen los principales partidos en materia de IVA, IRPF, Sociedades o lucha contra el fraude fiscal de cara a las elecciones del 26 de junio de 2016. Nos afectará en nuestra actividad empresarial y profesional…







Mediante esta circular queremos informarles de las propuestas que en materia de fiscalidad plantean en sus respectivos programas electores las 4 principales formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 26 de junio de 2016.



  • No creación de  nuevos impuestos de ningún tipo ni subida de los impuestos a las clases medias y trabajadoras. 
  • En el programa electoral anterior se proponía “un IRPF progresivo que baje a todos los contribuyentes al menos un 3%, lo que beneficiará directamente a las clases medias y trabajadoras”, pero en el nuevo se propone reducirlo en un 2%.
  • También se proponía “un Impuesto de Sociedades con menos beneficios fiscales con un tipo único del 20%”. Ahora se pretende una reforma integral del impuesto acercando los tipos efectivos a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro.
  • Además, se pretendía “endurecer las penas de los delitos más graves, los cometidos utilizando paraísos fiscales, testaferros u organizaciones para delinquir para que la condena implique penas efectivas de prisión”, sustituyéndolo ahora por la reforma urgente del delito fiscal.
Además, se ha suprimido la mención respecto a la modificación de los tipos del IVA, así como la relativa a simplificar el régimen de contabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, se añaden nuevas propuestas:

  • Eliminar el Impuesto de matriculación y sustituirlo por un Impuesto a las emisiones potenciales de los vehículos.
  •  Un Impuesto de Sucesiones exclusivo para herencias millonarias y exención para la vivienda habitual y la empresa familiar, fijando los mismos mínimos y máximos para toda España. 
  • Atribuir una función fundamentalmente censal al Impuesto de Patrimonio, unificándolo con la Declaración de bienes en el Extranjero.
  • Liberar del pago del IBI a las viviendas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda.
  • Eliminar el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). 
  • Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
  • Exigir que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y tengan la obligación de revelar quiénes son los propietarios. 
  • Atribuir a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del impuesto de sociedades. La Inspección de Hacienda, actualmente, no puede controlar a las SICAV. En un Estado de Derecho, el control de las normas fiscales corresponde a la Agencia Tributaria, y no a la CNMV.
  • Prohibir a las entidades financieras ofrecer cualquier tipo de asesoramiento y producto para evadir impuestos.
  • Reformar con urgencia el delito fiscal haciendo cumplir las sentencias y endureciendo las penas.



Mantiene las líneas generales de las propuestas presentadas en 2015, con la novedad de mejorar la fiscalidad del ahorro y la inversión mediante:
  • El aumento de la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social
  • Reforma del cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones.
·        Modificaciones en el régimen de las SICAV. Mínimo del 0,55% de participación a los socios de las SICAV para considerarlos accionistas.
Entre otras medidas, podemos destacar también:

·        Todo aquel que encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año.
·        Los parados de larga duración que inicien un negocio no van a pagar IRPF los 2 primeros años.
·        Cuando una pyme crezca y revierta sus beneficios tendrá hasta 10 puntos de rebaja en el Impuesto de Sociedades.
·        Bajarán 2 puntos el IRPF a todos: el mínimo del 19 al 17%, y el máximo del 45 al 43%, y mejorarán los mínimos personales y familiares exentos. Eliminarán el IRPF a los que trabajen más allá de la edad de jubilación.
·        Ampliarán el cheque de 1.200 € para que se puedan beneficiar también los contribuyentes discapacitados y sus cónyuges.
·        Reducirán los impuestos sobre la generación eléctrica, garantizando en todo caso la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, lo que redundará en un abaratamiento de la factura.
·        Reducción de plazos entre las declaraciones y su comprobación.
·        Dar prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes
·        Mantener un nivel de esfuerzo máximo en la lucha contra el fraude, mejorando la actuación de las Administraciones Públicas y su relación con los contribuyentes.



·        Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales del 21 al 10% de manera inmediata. A partir de ahí el Gobierno de España impulsará que se reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la toda la UE que permita su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%. Hasta que esta modificación se produzca, solicitaremos una autorización de la Unión Europea a España para aplicar el tipo súper reducido al 4% para la cultura. Asimismo promoveremos el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsaremos en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
·        Aprobar una Ley de la Participación Social y del Mecenazgo recogiendo las distintas herramientas de micro-mecenazgo (crowdfunding), al apoyo a la producción y el consumo cultural mediante desgravaciones a la ciudadanía en el IRPF y en el impuesto de sociedades de las empresas, premiando el aumento en el compromiso en el tiempo.
·        Revisar los tipos e incrementar las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública.
·        Asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya sean personas físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que inviertan en jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no pueden aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida.
·        Revisar toda la regulación diferencial fiscal, laboral, mercantil y administrativa que desincentiva el crecimiento en tamaño de las empresas. En concreto: - Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes Contribuyentes, de 6 a 20 millones de euros. - Establecer un nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: cifra negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4 millones de euros y; número de trabajadores igual o menor a 50. De esta forma la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación de cuentas abreviadas.
·        Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.
·         Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
·        Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.
·        Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotado con medios adecuados y suficientes.
·        Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
·        Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
·        Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
·        Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.
·        Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
·        Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (1) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (2) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (3) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.
·        Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
·        Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.
·        Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
·        Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas.
·        Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.
·        Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria.
·        Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados miembros con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.
·        Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.
·        Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación de la regla de unanimidad, y establecimiento de un campo de juego entre los 28 Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.
·        Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.
·        Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.
·        Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.
·        Establecimiento en el Impuesto sobre el Patrimonio y del ISD de un mínimo común para todo el territorio nacional
·        Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
·        Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.
·        Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España. Defenderemos que el ITF sea un impuesto de base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.
·        Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributes: (1) Impuesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (2) Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (3) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; (4) Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (5) Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas;
·        Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales: (1) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (2) Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (3) Canon de vertidos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CC.AA. varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.
·        Mantener la desgravación en el IRPF del 60% del importe obtenido por el arrendador, una vez deducidos los gastos y reintroducir las desgravaciones fiscales al alquiler para las rentas más bajas.
·        Se estudiará una acomodación del tipo de IVA aplicable para potenciar los procesos de rehabilitación y de regeneración urbana calificados como protegibles.



  • Desarrollo de un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para garantizar: su autonomía, una dirección profesional y objetiva, la erradicación del uso partidario de la institución y la obligación de diseñar planes estratégicos consistentes. El Parlamento nombrará al director general de la AEAT.
  • Fomento de la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio: se procurará su integración en red, el flujo de la información mediante bases de datos integradas y la adopción de estrategias y objetivos comunes.
  • Aprobación de una ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Esta norma recogerá las modificaciones legislativas que se deriven de la aplicación del contrato (programa a cinco años de la AEAT durante el ejercicio de referencia). La ley se debatirá y se aprobará una vez celebrado el control anual por parte del Parlamento —con la intervención de las comunidades autónomas— de los resultados en la gestión de los tributos realizada por la AEAT y por los servicios y agencias tributarias autonómicas.
  • Oferta de empleo público. Incremento gradual del personal de la AEAT, acorde con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación profesional.
  • Constitución de una comisión de expertos contra el fraude fiscal que proponga medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la erosión de bases y el traslado de beneficios.
  • Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales.
  • Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para incorporar normas antielusión.
  • Tipificación del delito fiscal a partir de los 50.000 euros defraudados y ampliación del plazo de prescripción a diez años y aplicación de las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.
  • Reformar del IRPF con la ampliación del número y los tipos de tramos en las rentas de más de 60.000 euros anuales:
    • Aumentarán el número de tramos del IRPF a partir de 60.000 euros, y elevarán progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45 % actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55 % para rentas superiores a 300.000 euros anuales.
  • Eliminarán las deducciones que tienen un carácter más regresivo, porque de ellas se benefician pocos contribuyentes, los que están situados, sobre todo, en los tramos altos de renta. En todo caso, los beneficios fiscales priorizarán la protección de las condiciones de vida individuales y familiares.
  • Corregir progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro y la falta de progresividad de esta última, para avanzar hacia una tarifa única. La actual situación provoca desigualdad horizontal y vertical.
  • Eliminar, con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, porque genera, por un lado, oportunidades de fraude y elusión y, por otro, desigualdades injustificables. Este régimen carece de sentido en un país como España donde todas las empresas, incluso las más pequeñas, son capaces de llevar registros contables.
  • Recuperar el gravamen efectivo en los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre las Sucesiones y Donaciones. El segundo de estos impuestos, el de sucesiones y donaciones, recaerá en grupos con alto nivel de renta:
      • Armonizar con las comunidades autónomas las normas que regulan ambos tributos, que habrán de ser aplicados en todo el Estado, por motivos de equidad y de lucha contra el fraude. Se establecerá, además, una tributación mínima no bonificable.
    • Disminuir el mínimo exento en el IP a 400.000 euros netos, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisaremos las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000 euros.
    • Favoreceremos, de forma coordinada con todas las comunidades autónomas, la derogación de las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente para grupos con un alto nivel de renta. Revisaremos la cuantía del patrimonio previo de los herederos utilizada para fijar la tarifa del impuesto con el objetivo de asegurar que las situaciones de pobreza no sean determinantes en las renuncias no deseadas a la herencia.
    • Acabaremos con las SICAV tal y como las conocemos hasta ahora: regularemos su régimen fiscal para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas. Para ello, controlaremos el número real y efectivo de socios, y estableceremos un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Igualmente, estableceremos un límite máximo de aportación para cada uno de los inversores. Además, atribuiremos a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos y para ello arbitraremos un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que actualmente se observan en el sector. Cuando la AEAT compruebe que dichos requisitos no se cumplen y que, por tanto, una determinada SICAV no es real ni efectivamente una institución de inversión colectiva, entonces resultará de aplicación el tipo general del impuesto de sociedades.
·        Reformaremos en profundidad el impuesto de sociedades, e impulsaremos su armonización internacional para hacerlo muy sencillo, transparente y con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales. Garantizaremos, además, que se mantienen las diferencias en función del tamaño y el tiempo de actividad de la empresa, a diferencia de la situación actual:

ü  Apoyaremos e impulsaremos el proyecto de Directiva Accis, para la determinación de la base imponible consolidada de los grupos multinacionales y su reparto entre los países donde operan en proporción a las ventas, el capital y la masa salarial. El objetivo es limitar las pérdidas de tributación asociadas a los precios de transferencia.
ü  Eliminaremos los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, para lo cual controlaremos los aspectos clave, como los precios de transferencia o la deducción de gastos financieros. Los beneficios fiscales que se mantengan deberán estar debidamente justificados atendiendo a sus efectos sobre la productividad y la creación de empleo.
ü  Introduciremos un impuesto mínimo para las grandes empresas que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo.
ü  Estableceremos un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas (30 %) y un tipo inferior (25 %) para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. Esta reinversión de los beneficios deberá ser verificada por la Administración y los representantes de los trabajadores.
ü  Eliminaremos las posibilidades de utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares.

·        Modificación del IVA, con una estructura de tipos que mantengan en lo posible la recaudación, pero que mejoren su impacto redistributivo y limiten su regresividad:
o   Aumentaremos los alimentos y las bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo superreducido del 4% (en todo caso, se excluirán aquellos para los que resulte desaconsejable tal aumento por motivos de salud pública) y aplicaremos el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento.
o   Reduciremos el tipo aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales y escolares.
o   Se buscará una figura tributaria para gravar artículos de lujo de forma que, al menos de forma parcial, se compense la caída de la recaudación como consecuencia de las reducciones anteriores.
o   Introduciremos el criterio del IVA dado que, tal y como está planteado actualmente, el IVA de caja no es útil para las pymes, ya que las grandes empresas rechazan a las pymes que lo utilizan para poder deducir el IVA antes de pagar las facturas. La única forma de que resulte efectivo es hacerlo obligatorio para todas las empresas.


·        Estableceremos una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, e impulsaremos la convergencia de la presión fiscal medioambiental española (1,6 % del PIB) hacia la media de la Unión Europea (2,4 % del PIB). Para ello:
ü  Reformaremos los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón, y en particular revisaremos los beneficios fiscales existentes.
ü  Aplicaremos una exención del impuesto sobre la producción de la electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kilovatios.
ü  Igualaremos los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo.
ü  Reformaremos el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes de los vehículos.
ü  Estudiaremos la posibilidad de establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte.
ü  Estudiaremos la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público.
ü  Estableceremos un precio mínimo en los derechos de emisión de CO2.

·        Un nuevo «impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario con el fin de recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas. Este impuesto será extraordinario, se aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una legislatura.
·        Avance hacia el impuesto sobre transacciones financieras (ITF) para controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas. Nos comprometemos a que, como mínimo, España sea pionera en la implantación del acuerdo alcanzado en 2012 por once países de la Unión Europea, que consiste en aplicar un impuesto del 0,1 % sobre la compra y la venta de acciones y bonos, y otro del 0,01 % sobre los productos derivados. Este impuesto lo pagarán las entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras.


Un cordial saludo,
 
Jose María Quintanar Isasi

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